¡NI PACTO - NI CONCILIACION!

¡PROFUNDICEMOS LA REVOLUCIÓN!

¡CON LA CLASE TRABAJADORA!

La clase trabajadora venezolana el pasado 15 de Febrero en profunda conexión a la construcción del socialismo y al liderazgo del Presidente Chávez, asumimos una participación activa y patagónica, a través del Frente de Trabajadores por el SI del PSUV. Nuestro aporte al igual que el del resto de los movimientos sociales fue fundamental, a pesar de la falta de respuestas de alcaldes, gobernadores, Instituciones del Estado y Ministerios, madura y conscientemente nos expresamos, y mayoritariamente apoyamos la enmienda para hacer posible la reelección del Presidente Chávez, camino a la profundización de la lucha de clases y al socialismo.

Los trabajadores del sector público y privado, hemos sido sometidos a una ofensiva por parte de la burguesía capitalista y de sectores del Gobierno con posturas claramente Antiobreras, que se expresan desde la negativa a cancelar derechos fundamentales, despidos de trabajadores y sus dirigentes sindicales, persecución y terrorismo laboral, hasta la intención de cercenar derechos fundamentales como la huelga, la libertad sindical o el derecho a la contratación colectiva.

Esta ofensiva se desata contra la clase trabajadora, por asumir un compromiso con el proceso bolivariano y con su líder, ante la conflictividad social en el país, que refleja claramente la lucha de clases que vivimos, y que se profundiza para el avance del proceso de cambio.

En ese marco, la burguesía y el capitalismo agrupado en CONINDUSTRIA, FEDECAMARAS, FEDENAGA, CAVIDEA, y otros sectores, han recibido privilegios fundamentales en este Gobierno tales como créditos bancarios, divisas preferenciales, compras del Estado, exoneración del IVA y de deudas entre otros, pero no han respondido a las exigencias del pueblo venezolano en materia de soberanía alimentaria y otros rubros, y mucho menos respetado los derechos humanos o laborales, por el contrario han incrementado la explotación de los trabajadores y sus ganancias.

En el sector privado esta ofensiva es particularmente grave como lo que se ha expresado en FEXTUN, Corporación 3C, AVECAISA, CAIP, COCA-COLA, POLAR, ATC, Laboratorios PFIZER y SM Pharma, La Gaviota, Owens Illinois y otros. En otros sectores como el de comunicaciones, particularmente el Canal I, y MOVISTAR, se actúa flagrantemente contra quienes se organizan. En el automotriz y particularmente MITSUBISHI, ha provocado la muerte de trabajadores por defender sus derechos, mientras los responsables intelectuales y algunos materiales siguen actuando con total impunidad.

Por su parte los partidos políticos de oposición, cenáculos de los sectores capitalistas nacionales y transnacionales aplican su visión de país en los espacios recientemente asumidos por ellos, donde la explotación forma parte de la sociedad para mantener su estatus, subordinando lo humano al mercado. Las gobernaciones o alcaldías como la de Maracaibo, Táchira, Miranda y alcaldía metropolitana, hoy bajo su cargo aplican estas políticas y despiden varias decenas de miles de trabajadores en estas instituciones, sumado a medidas de privatización de servicios públicos como el aseo urbano en la ciudad de Maracaibo, tratando de revertir los avances sociales y de lucha contra la explotación, que hemos puesto en marcha con la revolución bolivariana.

Por su parte en el sector público existe una “tecnoburocracia” enquistada en las Instituciones, que hacen de la política y de la tecnocracia, herramienta para conservar sus privilegios, aislando a los sectores sociales organizados y garantizando la “gobernabilidad” de los espacios estratégicos, como única posibilidad de preservar su sobre vivencia. No promueven nuestro propio modelo, nuestra propia manera de enfrentar los retos, sus principales enemigos somos los movimientos sociales y particularmente la clase trabajadora, a quienes persiguen, excluyen, cooptan y secuestran con el fin de eliminar su perspectiva de clase.

La “tecnoburocracia” se recicla y se desdibuja con un discurso revolucionario “rojo rojito”, actúa solapadamente para impedir el avance del socialismo expresado en la soberanía, la justicia social, la preeminencia de lo humano por encima del mercado, en fin en lo expresado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

La ofensiva más radical se inicia con la política expresada en los lineamientos técnicos financieros de la saliente gestión del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que afecta directamente, desde la discusión del Contrato Marco de la Administración Pública, sector universitario, magisterial, eléctrico, petrolero, hasta el Hotel ALBA Caracas, Anauco Suites, Cemento Andino y Hotel del Lago. Expresión de esta, fue la clara intención de la Gerencia del Teatro Teresa Carreño de acabar con el derecho a huelga y últimamente lo acontecido en el Metro de Caracas, donde se discutió y homologó la convención colectiva, y el Presidente del Metro saliente, solicitó la nulidad del acto administrativo de homologación, siendo él y sus funcionarios los responsables de aprobar los beneficios allí expresados, que ahora desconocen. Situaciones estas que abren brecha a la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales; por la irresponsabilidad de los representantes de estas Instituciones y no de los trabajadores.

La “tecno burocracia” devenga salarios muy elevados, al igual que los altos funcionarios de la mayoría de las Instituciones, Presidentes, Directores, que les permite cubrir más allá de sus necesidades, inclusive el lujo y la ostentación. Salarios estos que no tienen ninguna razón política ni lógica de existir, cuando está en marcha una revolución. Hay un abultamiento excesivo de las Nóminas mayores, de Gerencias, Vicepresidencias, con “enormes” privilegios, tráfico de influencias y nepotismo, que aumentan los costos de la gestión del Estado, que no repercuten en eficacia, eficiencia, respuestas al pueblo y reconocimiento de derechos a los trabajadores en Instituciones como el Metro de Caracas, Banco Industrial de Venezuela, CGV, SIDOR, CADAFE, PDVSA, IFE, IPASME y otros.

Otro mecanismo de castigo es el despido a trabajadores y dirigentes sindicales, particularmente en el sector público donde existen cerca de 400 órdenes de reenganche, que han sido reiteradamente desacatadas por los funcionarios de esas Instituciones y últimamente acuden a instancias judiciales para penalizar la movilización social y laboral, siendo casos emblemáticos el del IFE con cerca de 50 despidos, PETROCASA, CSB, MERCAL, IPOSTEL, Vicepresidencia de la República, FUNDACITE, y otros.

El Ministerio del Trabajo, por su parte expresó profundas contradicciones en su interior, por un lado el saliente Ministro Roberto Hernández, quien ha dedicado su vida a la lucha por los trabajadores y perfiló una política hacia la unidad y la justicia; y por otro, la política ejecutada por el Vice-Ministro Abraham Mussa, de abierta colaboración con la oligarquía.

Las Inspectorías del Trabajo en el país no dan respuestas oportunas a los trabajadores, su deficiencia se expresa en el retraso de las providencias de reenganche, la ausencia de fiscalización, el rechazo a los pliegos conciliatorios, la discrecionalidad en el otorgamiento de las solvencias laborales, el retraso del registro de sindicatos y de contrataciones colectivas, la desidia en la asistencia en las procuradurías y en no hacer cumplir los derechos laborales, al asumir un papel de MEDIADOR y no de órgano encargado entre otras cosas, de restituir los derechos cuando les han sido violados a los trabajadores, lo que coloca a la clase trabajadora en “indefensión” por parte del órgano administrativo del Estado a quien compete la justicia laboral. Los trabajadores abrogamos la esperanza que con la designación de la camarada Maria Cristina Iglesias se puedan solventar y corregir estas incongruencias.

La Fiscalía, y los Tribunales son parte de otros poderes públicos, cuya estructura actual no tiene mayor cambio a la de la cuarta republica, poderes que aún responden a la condición social de quienes acuden; y ajena de rendir cuentas al pueblo para evaluar su función de garantes de la justicia, lo que profundiza la impunidad.

Expresamos nuestro total desacuerdo con el diálogo con sectores de la burguesía y del movimiento político, que expresan la política de salvar al capitalismo, dirigida desde el Imperio Norteamericano. El diálogo, la participación y el protagonismo son con, de y para los movimientos sociales. Los trabajadores no pagaremos por una crisis generada por la burguesía y la tecnoburocracia.

Desde diferentes sectores de trabajadores queremos expresar esta postura, tales como el Metro de Caracas, Ferrocarril, Teatro Teresa Carreño, Universitario, Salud, Petrolero, Petroquímico, Industrias Básicas de Guayana, Transnacionales del hierro, Cemento, Centrales Azucareros, Educación, Farmacéutico, Industria Pesquera, Alimenticia, Manufacturas, Empleados y obreros de la Administración Pública de diferentes Ministerios, Alcaldías y Gobernaciones, Banco Industrial de Venezuela, Medios de Comunicación públicos y privados, de todos los rincones del país y particularmente fortalecidos en Caracas-Miranda proponemos y manifestamos lo siguiente:

· Apoyamos la política del Presidente Chávez de “NO ALIARSE CON LA BURGUESIA”. La ALIANZA ES CON EL PUEBLO, y la defenderemos en los centros de trabajo y en la calle.

· Apoyamos la intervención de las empresas procesadoras de arroz, ordenada por el Presidente de la República y planteamos se revise el comportamiento del resto de los rubros tales como harina de maíz, sardinas, atún, aceite y otros, con la participación de los trabajadores.

· Pedimos las sanciones previstas en la Ley de Soberanía Alimentaria a todas las empresas del sector privado que son causantes de la inflación, del desabastecimiento y del encarecimiento de los productos de primera necesidad.

· Acudiremos a las instancias competentes, como Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional y Ministerio de la Presidencia de la República, para exigir la inhabilitación de los funcionarios “tecnoburócratas” que sean responsables de estas acciones al interior de la Administración Pública.

· Exigimos el reenganche de los 400 despedidos de la Administración Pública y de 600 despedidos en el sector privado, así como el cese inmediato de las causas en tribunales penales y Fiscalía.

· Solicitamos el inicio de las discusiones de la contratación colectiva de la Administración Pública en todos los niveles.

· Exigimos a la Asamblea Nacional la discusión de la Ley de Emolumentos y de una NUEVA LEY DEL TRABAJO, adecuada al momento político que vivimos, con la participación activa, real y protagónica de las bases de los trabajadores.

· Proponemos la eliminación de la Tercerización, como capítulo especial en la nueva Ley Orgánica del Trabajo.

· Proponemos la transformación del Código de Comercio, instrumento del sistema capitalista que fortalece el liberalismo, privilegia el mercado y cercena lo humano.

· Declaramos persona no grata para los trabajadores, al ciudadano Abraham Mussa como responsable de una política de apoyo a la burguesía y al capitalismo.

· Realizaremos asambleas y movilizaciones en cada una de las Instituciones en conflicto y elaboraremos comunicados y volantes para informar correctamente a la clase trabajadora y al pueblo venezolano, en todo el país.

· Seguiremos impulsando la soberanía de nuestros recursos naturales, energéticos, agua, tierras, alimentación, comunicación, transporte, minerales entre otros, así como la distribución equitativa de las riquezas.

· Profundizaremos en la participación como modelo democrático que garantice la soberanía, la distribución de las riquezas y el funcionamiento eficaz de la gestión publica.

Por el Colectivo de Trabajadores en Revolución (CTR-UNETE):

Por el Colectivo de Trabajadores en Revolución (CTR-UNETE).

Marcela Máspero, Servando Carbone, Ramón Blasco, Eduardo Sánchez, José Rondón, Ana Yánez, Avilio Echenique, Lily Rincón, Alberto Rodríguez, Edgar Jiménez, Luís Borges, Ulises Betancourt, José A. García, Jesús Israel González, Wilmen Ramos, Deyanira Romero, José Garay, Alexander Lozada, Yurbis Silva, Roger Escalante, Aldo, Torres, Manuel Ureña, Yelitza Medina, Alexis Salazar, Liliana León, Eleazar Machado, Maura Pacheco, Giovanni González, Freddy Jiménez, Joel Level, Tomás Rangel, Carlos Partida, Franklin Zurita, Reynaldo Bastidas, Xiomara Briceño, César Ninamango, Siomara Carmona, Alexander Santos, Jorge Salas, Eduardo Espinoza, José Bermúdez, Richard Verde, Daniel Álvarez, Sergio Castellanos, Carlos Quintero, Alberto Salcedo, Giuseppe Raspa, Aquiles Vera, Marcos, Alejandro Hernández, Frank Ramírez, Carlos Hernando, Felipe Gómez, Ramón Marín, Luis Villarroel, Argenis Esparragoza, José Campos, Julio Pirto, Benjamín Moreno, Leída Machíz, Andrés Rengel, Luis Cardozo, Marlon Mercado, Mercedes Torrealba, Berta García, Jorge Ladera, Yanoski Uzcátegui y cerca de 5000 dirigentes sindicales, agrupados en cerca de 800 sindicatos de base, Federaciones Nacionales y Regionales.

Otros Sindicatos apoyantes: Taide Segnini (SINTRA-MRE), Héctor López (STP-CARACAS), Pedro Duran (SINTRA-PROAV-VENEVISION), Juan Madrid (SINTRABIV), (SINBOTBIV), Héctor Sanzana (SEFH-MPPC y T), Norma Guanipa, Ramón Becerra y Miguel Rivero (SIBOTRANAUCO), Yuraima Álvarez (SINBOTRAHOTEL) Raymer Noruega (SINSTRAFEZA), Pedro Rosales (SEPITIVIC), Jesús Henríquez (SINTEC-CNE), José Márquez (SINTEC-CNE), Miriam Mijares (sector salud) Jesús Martínez (SINTRAMCT) Alberto Rodríguez (CANAL-i), SINATRAUCV, FETRAMECO, SUTRAFUNTECA, FENTRASEP, SODIVIC, MAISANTA SETRAIDEA, SINTRAFUNFAL, TRABAJADORES DE BASE DEL METRO DE CARACAS, Julio Ovalles (CRTS) y se suman más de Ochocientos sindicatos del sector público y privado de los estados Aragua, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta A., Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Zulia.